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Juan Chávez

Pasado el arrastre del tren mediático del debate presidencial, a diputados y senadores del Congreso de la Unión se les mueve el piso y si el Senado no aprueba antes del 30 de abril, los 628 integrantes del Poder Legislativo podrían parar en la cárcel.

 

Por lo menos, esa es la amenaza que el ministro de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, les dejó caer este lunes porque a los senadores parece estárseles quemando el tiempo y con los apuros que se traen por el cúmulo de cuestiones por aprobar, han hecho a un lado la Ley de Comunicación Social del Gobierno Federal conocida como Ley de Propaganda Gubernamental.

Y es que el asunto, por sencillo y fácil que se vea, tiene sus asegunes. Más que nada por el enfrentamiento entre poderes de la Unión que el ministro Cosío abrió con su “seria advertencia”.

Cosío, obvio, se valió de los medios para echarse ese pericazo contra la Cámara alta.

Dijo el ministro:

“Se les iniciaría un juicio que nosotros tenemos. Tenemos una diferencia técnica ahí; la condición sería que en caso de que la Corte considerara que se ha incumplido, tendría que separar a los 628 legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal por la comisión de un delito contra la administración Pública.

“Estamos hablando del órgano legislativo. Nunca hemos tenido una condición de esas; entonces tendríamos que analizar los elementos, pero en principio la responsabilidad es colectiva”, explicó.

Pareció que “El Bronco” hablaba y exponía su propuesta de “cortarles las manos” a los funcionarios corruptos.

Antes, Cosío había dejado caer la acusación:

Si los senadores no dictaminan la Ley de Propaganda Gubernamental antes de que concluya el periodo de sesiones el próximo 30 de abril, como lo ordenó La Suprema Corte de Justicia de la Nación, “tanto diputados como senadores podrían ser sancionados”.

Sin denotar preocupación alguna, igualito que El Bronco, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, con una sonrisa ancha, desencanchada, calculada, respondió, ni tardo ni perezoso, sobre la destitución de los legisladores:

“Imagínense nada más, le harían un favor al país, pero vamos a resolverlo conforme al proceso legislativo. Estamos trabajando, están trabajando las comisiones. Como ustedes saben, hay un empate en un par de comisiones, pero, bueno, todavía queda esta semana y todavía queda el recurso del presidente de la Mesa Directiva de llevar directamente a votación del pleno la minuta que llegó de la Cámara de Diputados”.

Y quedan muchos caminos para que ese “debate de amenazas” entre los poderes Judicial y Legislativo, vaya más allá de lo calculado por el ministro de la Corte, ungido en “acusador number one”.

Imagine, primero, que la minuta de los diputados es objeto de modificaciones y el Senado se las regresara. Los apuros serían para los de la Cámara baja que a falta de tiempo la mandaran a un periodo extraordinario nada más para darle madrazo y medio al representante de la SCJN. Ya no saldría la tal Ley de Propaganda Gubernamental el 30 de abril, como exigió José Ramón Cosío.

Luego, queda otro recurso: el del veto presidencial, nomás para poner paz entre el Legislativo y Judicial.

No hay que andarse entre las ramas, ni quemar pólvora en infiernitos. Ni Cosío ni Cordero deben mostrar sus armas. Deben dejar que los candidatos presidenciales las usen. Son los tiempos de ellos. Lo demás, es carnaza: ver quién la pica y ¡ya!.

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Miércoles, 23 Mayo 2018
11:49:33