by Sididh_master
Ciudad de México, 10 de julio de 2019. Por considerar que viola diversas normas que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución, personas ayuuk defensoras del territorio interpusieron un amparo contra el decreto del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (Corredor Interoceánico).
La demanda de amparo indirecto, interpuesta hace tres días ante el juez séptimo federal con sede en el puerto de Salina Cruz, es contra la convocatoria emitida el 14 de marzo de 2019 y el protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec. En ella se señala como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador; al gobernador Alejandro Murat Hinojosa; al secretario de Hacienda; a los secretario de Economía, Comunicaciones y Transportes; al director general del Corredor Interoceánico; al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a la responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas.
La quejosa y los quejosos señalaron que hasta la fecha, los pueblos y comunidades no han recibido ningún tipo de información oficial por parte de las autoridades del gobierno federal, ni tampoco han sido convocados, por medio de las instituciones comunitarias, como lo es la Asamblea general comunitaria, a participar en consulta alguna respecto de los derechos como pueblos y comunidades indígenas.
Como descendientes del pueblo mixe, las y los defensores denunciaron que “a lo largo de décadas se ha empeñado en ejecutar megaproyectos en nuestros territorios sin que se nos informe en absoluto sobre las repercusiones sociales y de impacto medio ambientales que se producirían con su implementación; y mucho menos se nos consulte nuestra opinión al respecto”. Sostuvieron que el freno que han puesto los pueblos indígenas a diversos megaproyectos ha evitado un saqueo desmedido de los recursos naturales e impactos ambientales a gran escala.
Solicitamos protección de la justicia federal con el amparo 135/2019 ante el juzgado séptimo de distrito de Oaxaca. Está pendiente resolver la competencia del tribunal
, explicó Juana Villegas, defensora comunitaria y una de las promotoras del juicio.
Diversas organizaciones y autoridades comunitarias han denunciado que la consulta sobre el proyecto, realizada en marzo del presente año, fue express, hecha a modo para imponer el proyecto y sin considerar las garantías a los derechos de los pueblos establecidas en diversas leyes y tratados internacionales.
*Con información de Diana Manzo en Página3 e Istmo Press
